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Servicio de emergencia en emergencia
MARTES 23 DE FEBRERO DE 2016
El informe de la Auditoría porteña al que tuvo acceso Página/12 detalla falta de médicos, de enfermeros, de cumplimiento de protocolos y dificultad de recupero de gastos.
La muerte de un hombre en el barrio de Palermo, atribuida por la familia a la demora en llegar de la ambulancia del SAME, coincidió con la difusión de un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires que desnuda la precariedad con la que viene funcionando, desde hace años, el Sistema de Atención Médica de Emergencia. La auditoría sostuvo que el SAME “no tiene estructura propia” y eso lo obliga, ante las urgencias, a recurrir al aporte de los médicos de guardia de 18 hospitales porteños; si no hay médico disponible, la ambulancia no sale o sale con demora. Es el dilema de “la frazada corta”, porque para tapar al SAME se destapan las guardias hospitalarias. Eso ocasiona demoras en los auxilios y denuncias por “abandono de persona”, que incluso llevaron a denuncias contra el entonces ex jefe de Gobierno porteño y actual presidente de la Nación, Mauricio Macri (ver aparte). El funcionamiento del SAME fue criticado por la presidenta de la Auditoría, Cecilia Segura, y por el titular del bloque del FpV en la Legislatura porteña, Carlos Tomada.
El SAME realiza, anualmente, más de 217.000 auxilios de los cuales, el 78 por ciento son códigos rojos (urgencias). Otro problema grave que surge de la investigación es que en el 69 por ciento del total de los casos no se completa la información en la Historia Clínica Prehospitalaria de los pacientes asistidos, de manera que el SAME no puede recuperar los gastos por los servicios por no contar con los datos necesarios para pasarles las facturas a obras sociales y prepagas.
Los servicios se cumplen, muchas veces, con médicos que no son especialistas en emergentología y tampoco se cumple con la Ley 1850, que establece que todas las ambulancias deben contar “con médico, enfermero y chofer”. La mayoría de las intervenciones se computan como “código rojo”, pero no hay constancias sobre el problema sufrido por el paciente, de manera que puede ser un caso grave o alguien que se doble el tobillo. En muchos casos se dice que lo que sufrió la persona fue “una descompostura”. También es un misterio cómo funciona un servicio de helicóptero por el que se paga más de 300 mil pesos mensuales (ver aparte).
El estudio sobre el funcionamiento del SAME se hizo en el año 2012 y se completó con tareas de auditoría de campo entre el 21 de octubre de 2013 y el 15 de junio de 2014. El director del proyecto fue Gabriel Rosentein y la supervisora, la licenciada Sandra Francolino.
En 2012 se atendieron 217.396 auxilios, de los cuales el 78 por ciento fue registrado como código rojo, el 13 por ciento amarillos y el 9 por ciento verdes. Las ambulancias salen de 19 hospitales porteños y de otros puntos de la ciudad. La información proporcionada por el SAME señala que el 75 por ciento de las guardias hospitalarias están “incompletas”.
Sólo en el 31 por ciento de los auxilios se completó la Historia Clínica Prehospitalaria de los pacientes, de manera que no se cuenta, en el 69 por ciento de los casos, con datos que son fundamentales. Las historias clínicas digitalizadas se remiten a la Asociación Salud Integral (ASI) para su facturación y recupero de gastos.
El 78 por ciento de los auxilios fueron códigos rojos, es decir urgencias, y se presume que en la mayoría de los casos los pacientes fueron personas con cobertura médica, pero se omitió registrar los datos necesarios para que las prestaciones pudieran ser facturadas. La omisión afecta la capacidad del SAME para recuperar los gastos ocasionados por auxilios facturables a obras sociales y prepagas.
La Ley 1850/05 de Prestación del Servicio de Ambulancias regula la instalación, habilitación y funcionamiento de todas las prestadoras de servicio de ambulancias que operan en la Ciudad de Buenos Aires. En su inciso “g” se señala la necesidad de garantizar “una dotación mínima de personal por ambulancia constituida por médico especializado en la atención de la urgencia o emergencia médica, enfermero y chofer, siendo optativo contar con camillero”.
Los médicos que se suben a las ambulancias son de las guardias hospitalarias y el SAME cuenta con 13 enfermeros para cubrir las zonas extrahospitalarias. El SAME no tiene estructura médica propia para los móviles y se sostiene con profesionales de otros efectores del Sistema.
Esta situación, a la vez que lo torna dependiente e inestable, interfiere en la dotación de los hospitales y hay que vincularlo con el cuadro que muestra las guardias incompletas que hay en los hospitales.
Como consecuencia de estas falencias, las ambulancias del SAME “no cuentan con enfermero/a, según lo exigido por Ley 1850/05”. En el informe de la Auditoría se resaltó que “el Programa de Traslado Neonatal no tiene cubiertas las necesidades de profesional médico para cumplir con su tarea. Utiliza agentes del hospital solicitante”.
En 2012, el 52 por ciento de los traslados neonatales (265 sobre un total de 510) se realizó sin personal de enfermería. El SAME y los programas Hola Mamá, Pediatra en Casa y PADU, registran los llamados en planillas de papel porque no están informatizados. En la muestra seleccionada, se comprobó que el 38 por ciento de los auxilios rojos superan el tiempo de demora estipulado para brindar la asistencia.
En la misma muestra seleccionada, se determinó que el 91 por ciento de los auxilios amarillos también superaron el tiempo de demora para la atención. Por su parte, el 43 por ciento de los auxilios verdes superaron igualmente el tiempo de demora estipulado.
Por otro lado, se determinó que el límite de Suplencias de Guardia mensuales asignadas al SAME resulta insuficiente para cumplir con los requerimientos profesionales del sistema. Esto se debe a que la resolución 1657/13 redujo las suplencias de guardia. Entre otras consecuencias, esto produjo el cierre del PADU dificultando la atención domiciliaria y asignando ambulancias cuando se podía resolver sin utilizar recursos destinados a las urgencias. La supresión del Padu hizo que la demanda que atendía se canalice ahora por el sistema, como auxilios corrientes.
El informe afirmó, además, que el 75 por ciento de los móviles auditados no cumplía con el total de equipamiento biomédico fijo exigido. De los verificados, en el 38 por ciento tenía parte del equipamiento en estado regular y malo. Asimismo, el 75 por ciento de los móviles auditados no contaba con la totalidad de medicamentos exigidos. Incluso, en tres ambulancias se hallaron medicamentos vencidos.
Cecilia Segura, titular de la Auditoría General de la Ciudad reconoció “la intensa labor” del SAME y la capacidad del personal, pero señaló que “las falencias existen y el Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de solucionarlas y no seguir arrastrándolas años tras años como está sucediendo”. Afirmó que esa solución debe llegar “más aún cuando se trata de un sistema de atención que (Horacio) Rodríguez Larreta y (María Eugenia) Vidal quieren extender al conurbano”.
Luego recordó que en diciembre de 2015 se derogó la Ley 1850, “sancionada en 2005, justamente después de la tragedia de Cromañón, que exigía la presencia de un enfermero junto al médico en cada ambulancia”. Segura subrayó que “en vez de promulgar leyes para mejorar el Sistema de Emergencia, hacen lo contrario”.
Por su parte, Carlos Tomada, titular del Bloque del FpV en la Legislatura porteña, sostuvo que el informe de la Auditoría “es alarmante” y agregó que “como suele ocurrir cuando uno indaga más allá de las tan promocionadas políticas del GCBA, ahora resulta que el servicio de emergencia no cubre los mínimos estándares y nos deja a todos los porteños muy vulnerables”. Tomada dijo que el informe “confirma lo que hemos dicho más de una vez en cuanto a las condiciones sanitarias a la que están expuestos los habitantes de la Ciudad”. Al mismo tiempo “muestra las consecuencias de la decisión del Gobierno porteño de disminuir y subejecutar el presupuesto en salud durante años”.
Tomada anticipó que desde el bloque del FpV van a seguir “de cerca” el tema y presentarán “un pedido de informe para que expliquen cómo se llegó a este nivel de abandono y deterioro, que se verifica en el equipamiento, en las prestaciones y en la precariedad de las condiciones de trabajo”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-293061-2016-02-23.html