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Luis Scervino: "Tomamos la decisión de revisar las obligaciones de cobertura de las obras sociales y las prepagas"

DOMINGO 08 DE MAYO DE 2016

El superintendente de Servicios de Salud dice que se preparan medidas que impactarían en los monotributistas y en los pagos de algunos afiliados a la medicina privada; promete que se volcarán en prestaciones los $ 30.000 millones del sistema que retuvo el kirchnerismo

ner bajo revisión el menú de prestaciones que obligatoriamente cubren las obras sociales y las prepagas; promover un proyecto de ley para que los monotributistas tengan que adherir, sin opción, a todo el grupo familiar primario al plan de salud (para lo cual se paga una cuota mensual que hoy es de $ 323 por persona y que en junio subirá a $ 419), e incentivar a largo plazo un rol más activo del Estado en el financiamiento de las enfermedades más costosas sin importar en qué sector (público, de la seguridad social o privado) se atienda un ciudadano, son tres de los proyectos que, en una entrevista con LA NACION, dijo tener en carpeta Luis Scervino, el médico que desde diciembre está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud.

 

Se trata del organismo que debe regular y controlar a las obras sociales nacionales y a las entidades de medicina privada. Scervino, que fue director médico de la obra social del sindicato de Obras Sanitarias, sostiene que "no hay mucho misterio" en poder determinar cuál fue el incremento de costos que en los últimos años tuvo la prestación de servicios de salud. A fines de abril, fue uno de los funcionarios del Gobierno -junto con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun- que definieron que las cuotas de las prepagas aumentarán un 15% en junio y 5% en julio, reconociendo la necesidad de ese ajuste (y sin descartar que haya otros durante el año) para hacer frente a los gastos, que este año aceleraron su ritmo de alza de la mano de la devaluación y del incremento de las tarifas de los servicios públicos.

El funcionario afirma también que hay "muy buena predisposición" desde el Gobierno para volcar en prestaciones de las obras sociales un fondo de $ 30.000 millones que en la etapa kirchnerista se acumuló en una cuenta del Banco Nación, fruto de la diferencia entre lo recaudado y lo presupuestado para el Fondo Solidario de Redistribución, que tiene la función de reintegrar dinero por tratamientos o medicamentos costosos. La liberación de ese fondo es una de las medidas más esperadas por el sindicalismo, y Scervino se apura en aclarar que no es para dirigentes gremiales, sino "para las prestaciones". Son recursos que provienen de una parte de los aportes a la obra social (por lo general, el 15%) y que el superintendente planea que se retenga también sobre un concepto hoy no alcanzado: el monto que pagan de su bolsillo algunos asalariados, para acceder al plan de una prepaga que vale más que lo pagado a la obra social con la cual la entidad privada tiene un convenio para la derivación de aportes.

 

Según Scervino, una medida así ayudaría a compensar el "desfase" que a su juicio generó el hecho de que, al ingresar las prepagas a captar recursos y afiliados del sistema de obras sociales (a través del mecanismo de triangulación de aportes que se habilitó con la desregulación de los años 90), se hayan ido del sistema "los jóvenes y por lo general las personas con menos carga de enfermedades", rompiendo "el componente solidario en la financiación del sistema".

Las obras sociales nacionales tienen unos 14,5 millones de beneficiarios, pero entre ellos hay parte de los 5 millones que están bajo la cobertura de la medicina prepaga.

 

-¿Cómo ha sido la evolución del costo de la Prestación Médica Obligatoria (PMO)?

-Tomamos la decisión de hacer una evaluación del PMO con respecto a su contenido; llamamos a licitación de precios y se presentaron dos instituciones de muy buen nivel académico y trayectoria, y las dos harán el trabajo, cada una en un área diferente: Isalud y el Grupo IECS (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria). En el PMO, que por ley deben cumplir obras sociales y prepagas, tiene que haber prestaciones de las que haya evidencia de que su utilización sea costo-efectiva para el paciente. Se hicieron evaluaciones de costos pero tenemos dudas de si el PMO va a quedar como está o si habrá que adecuarlo, agregar prestaciones y sacar otras. Ese trabajo debería estar para diciembre y la nueva norma tendrá que incluir las coberturas obligatorias que fue aprobando en los últimos años el Congreso; en el PMO no está contemplada, por ejemplo, la cobertura de la hepatitis C, y hoy hay un tratamiento altamente efectivo.

-Y al revés, ¿podría anticipar algo que podría excluirse?

-No. Hay que dialogar antes con los sectores y siempre hay que explicar que uno no saca, por ejemplo una medicación, por capricho, sino porque hay otra que es más efectiva o tiene menos efectos adversos. Es todo un trabajo que habrá que hacer.

-¿Cómo funciona hoy el Fondo Solidario de Redistribución?

-Venimos de años de incumplimiento de la ley. Al final de cada ejercicio debió distribuirse el 100% del remanente del fondo [lo recaudado pero no girado al organismo que lo gestiona] y eso no ocurrió; se acumularon $ 30.000 millones de aportes hechos por los trabajadores y la idea es que vuelvan a prestaciones.

-¿No fue invertido ese dinero?

-No, y eso fue otro incumplimiento; están solo en una cuenta del Banco Nación. Ahora hay predisposición y estamos tratando de resolver el tema rápidamente. Lo estamos trabajando con el ministro de Trabajo, Jorge Triacca, escuchando a las obras sociales. A veces malintencionadamente se dice que es plata para la dirigencia sindical, cuando son fondos aportados para la salud. Los pasivos que tienen las obras sociales están vinculados a lo que pasó con ese fondo. Vamos a empezar por lo de 2015, unos $ 2700 millones, y habrá que buscar solución para lo acumulado, porque es un fondo muy importante. Hay reclamos por reintegros que quedaron pendientes por $ 3000 millones, todo eso es anterior a 2012.

-¿Se reciben muchas quejas de afiliados?

-El sistema de quejas está abierto pero el nivel es muy bajo comparado con la cantidad de beneficiarios, y llamativamente casi el 50% de las quejas es de gente que aún no forma parte del sistema y quiere ingresar.

-¿Y los amparos judiciales para recibir prestaciones?

-Ahí estamos en una situación compleja, que probablemente se termine de zanjar cuando prospere el proyecto que trabajamos con el ministro de Salud, Jorge Lemus, para desarrollar una agencia nacional de evaluación de tecnologías, que colabore con la Justicia para ayudarla a decir si corresponde brindar una prestación.

-En los últimos años las prepagas dijeron que pedían ciertos porcentajes de suba de cuotas y les autorizaban menos, cuando lo que pedían era lo que subían los costos, ¿tenían razón?

-Es cierto en gran medida y se pueden seguir los números con cierta claridad. Las paritarias del sector existieron y uno sabe el impacto que hubo en las organizaciones; probablemente no sea el mismo impacto en todas, pero en definitiva todas tienen que comprar prestaciones.

-El reclamo por la suba de cuotas ya es continuo.

-Porque es una película; a la brevedad va a haber paritarias y el sector tiene que tener aumento de cuotas para hacerse cargo.

-¿Podrían las prepagas hacer algo en cuanto a su gestión para tener que aumentar menos?

-Es la eterna discusión sobre los niveles de eficiencia. Recién en 2011 se incorporaron a la órbita de Superintendencia, y falta transitar mucho para que tengamos igual nivel de control que en las obras sociales; podremos ayudar en ese tema después.

-¿Qué se proyecta respecto de los monotributistas? Las obras sociales siempre plantearon que deben dar la prestación por un ingreso que consideran bajo.

-El sector [de las obras sociales] fue solidario pero se generó una distorsión financiera: la ley plantea que el titular puede voluntariamente incorporar a un familiar cuando quiera y hay monotributistas que los incorporan sólo cuando necesitan las prestaciones y luego dejan de pagar; esa es una irregularidad que hay que corregir por ley. Pretendemos que el monotributista incorpore a toda su familia desde que ingresa, sin opción, porque si no hay una selección adversa que rompe el componente solidario. Por otro lado, el monto que paga está por debajo de la media del sistema de obras sociales y tenemos que generar un equilibrio, con actualizaciones de ese aporte; es algo que últimamente ya está ocurriendo.

http://www.lanacion.com.ar/1896341-luis-scervino-tomamosla-decision-de-revisarlas-obligaciones-de-cobertura-de-las-obras-sociales-y-las-prepagas

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