Los cambios en la base de cálculo del Impuesto a las Ganancias están muy cerca de ser una entelequia ya que el Gobierno de Mendoza finalmente dejaría de incluir el tema en la discusión paritaria, tal cual venía sucediendo en la mesa de negociación con los gremios de la salud. 

El análisis de todas las implicaciones llevaron al Gobierno a admitir que la AFIP podría aplicar el descuento del impuesto, de forma personal a cada trabajador alcanzado por el cálculo, aun cuando Francisco Pérez tuviera la voluntad política de contradecir la estrategia nacional sobre la materia. Pero hace pocos días, Paco anunciaba, al inaugurar La Brújula, que esperará la decisión nacional sobre el tema.

Una segunda opción es imitar a algunas empresas del sector privado, que “devuelven” parte del impuesto abonando compensaciones o bonos extras a sus empleados de mayor jerarquía. Sin embargo, esto tampoco sería un camino a seguir, porque tendría un efecto dominó hacia otros sectores de los trabajadores estatales que ya cerraron su paritaria o están en el proceso de hacerlo.

Como mucho, hoy el ministro de Salud, Oscar Renna; el de Gobierno, Rodolfo Lafalla, y parte de los negociadores paritarios presentarán un esquema distinto para aplicar el 35% de aumento salarial, y con ese retoque el impacto en los bolsillos sería de unos puntos más, algo que ya sucedió en negociaciones anteriores. 

Es decir, oficialmente el incremento no supera el 35%, cumple con la meta política de no salirse de ese techo y a la vez  puede ser un puente para solucionar un conflicto que ya tiene más de 70 días de duración. 

Incluso parte de los negociadores creen que no será posible arribar a un acuerdo para evitar las protestas durante el 1 de mayo próximo, y en este caso Pérez estaría dispuesto a ir a la Legislatura en medio de ese escenario. Otros miembros del gabinete explican que sería hasta contraproducente que el gobernador cediera a las pretensiones de los gremios en momentos en que debe cuidar su liderazgo dentro y fuera del gobierno.

Los gremios, ATE y AMPROS, conocen los tiempos para prolongar una discusión de este tipo y ya asumen en voz baja que no tienen mucho más handicap para estirar el conflicto. 

Agrega un condimento especial  la pelea feroz que mantienen dos sectores internos en ATE, uno encabezado por Raquel Blas y otro por Carlos Simón, provocando que algunos sectores de la Administración Central estén dispuestos a aceptar el 35%, porque realmente no esperan que el Gobierno pueda ofrecer más de ese porcentaje y llevan medio año sin cobrar con el incremento.

El problema es que el encuentro de hoy con los gremios de la salud ha generado tantas expectativas en el resto de las mesas de negociación que ahora prefieren esperar ese desenlace. Sobre todo porque las liquidaciones del mes de mayo ya terminaron de hacerse, y eso les da unas dos semanas más para observar el panorama y sellar o no el acuerdo.

En este sentido, el Gobierno no dejará pasar la oportunidad de minar un poco más el poder de Blas, por lo que no cedería en ofrecer una mayor suba, ni en mejorar el impacto del Impuesto a las Ganancias.

En el caso de AMPROS, las cosas son distintas. Allí de 5.918 profesionales en total, 1.775 son alcanzados actualmente por Ganancias, en particular jefes de servicio, especialistas, con mayor dedicación, bloqueo de título, es decir los médicos más antiguos del sistema, para quienes el alza no será significativa. 

La justificación del Gobierno es que este grupo sólo representa el 29% de los trabajadores de la salud, no al grueso de ellos, y por esta razón la negociación no puede depender de este elemento.

Lo que no explican es por qué entonces el propio Pérez terció en esta discusión tan sensible sin tener los elementos técnicos, financieros y políticos resueltos, arriesgando  una segura pelea con Nación o como surgió en las últimas horas, el papel de AFIP para retener el impuesto. 

Más aún cuando fue desde el Ejecutivo que se hizo notar que Ganancias afecta solamente  al 8% del total de los empleados estatales. Una ínfima parte para poder presionar.